>La fiscalía federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) tomaron nuevas medidas en la investigación sobre el presunto esquema de estafa tipo Ponzi relacionado con la plataforma de criptomonedas RainbowEx y este viernes ordenaron el bloqueo de acceso a tres sitios web vinculados a esta plataforma que operaba en la localidad de San Pedro.

En el documento presentado ante el juez, al que accedió Infobae, los fiscales Matías Di Lello y Horacio Azzolin alegaron su petición: “Frente a este panorama, con el fin de evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores (art. 183 C.P.P.), entendemos que el acceso a los sitios debe restringirse al público en general, al menos en nuestro país, pese a que la infraestructura de ambo, según consultas whois realizadas desde la UFECI está montada fuera de la República Argentina (todo apuntaría a que se utiliza la infraestructura del provedor estadounidense Amazon)”.

En este sentido, en la presentación judicial los fiscales habían sugerido: “La medida más efectiva sería, desde luego, intentar dar de baja el contenido en origen para lo cual, como anticipamos, debería requerirse cooperación mediante un pedido de asistencia internacional que, además de insumir una considerable cantidad de tiempo, puede no ser admitido. Mientras se transita el camino de determinar la infraestructura del sitio y, eventualmente, trabajar con quienes registraron los nombres de dominio o con quienes alojan el contenido, proponemos una medida que puede paliar la situación: el bloqueo del acceso a los sitios ya citados a través de proveedores de servicio de internet (ISP por sus siglas en inglés) que operen en Argentina”.

Al mismo tiempo, la fiscal María del Valle Viviani comenzó a investigar el tema de oficio a partir de que un grupo de inversores presentara este jueves denuncias ante la Justicia provincial, alegando que no pudieron retirar sus ahorros del esquema financiero. Los inversores aseguraron que sus fondos están bloqueados. En consecuencia, la magistrada busca esclarecer los hechos y evaluar si se trata de una estafa financiera. Este tipo de investigaciones de oficio se llevan a cabo cuando las autoridades judiciales consideran que hay indicios suficientes para iniciar un proceso sin necesidad de una denuncia formal previa.