Por otro lado, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece el régimen de administración financiera en el ámbito del Estado. Sus puntos principales incluyen:

Ambas leyes son fundamentales para entender la estructura y funcionamiento de las universidades en Argentina, así como el marco en el que operan en relación con el gobierno y el control de recursos públicos.
El texto judicial, al que accedió Infobae, exige que la justicia “conmine -a las autoridades de la UBA- a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional” y entregar la documentación a los cuatro auditores designados para llevar adelante las tareas para corroborar si fueron bien aplicados esos recursos. La SIGEN ya había argumentado que con las auditorías a las Universidades se evitará “desviar el dinero público a fines no queridos” y recordó que el rector Universidad del Chaco Austral fue condenado por el Tribunal Oral 1 de Resistencia, por “defraudación contra la administración pública” por liderar una estructura administrativo-académica-empresarial, “integrada por parte de su familia y amigos para desviar recursos de la Universidad hacia el patrimonio de los integrantes del grupo delictivo, direccionando -por ejemplo- procesos de contratación de obra pública que tenían como objetivo favorecer a empresarios que pagaban ‘retornos’ de fondos mediante, entre otros supuestos, la venta de inmuebles a precio vil”.
Blanco le hizo saber ayer a la Justicia que el organismo “no pretende auditar planes de estudio, ni su contenido, ni la designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, ni designar Auditor Interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objeto de las auditorías de la SIGEN”.
En el escrito de cuatro carillas se explica que “se procura verificar la aplicación de los recursos girados por el Tesoro Nacional en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN)”. Entre los puntos salientes que la SIGEN tiene por objetivo controlar, se destacan:
La SIGEN advierte al juzgado que la Auditoría General de la UBA “tampoco audita la aplicación de los fondos que se le transfieren del Tesoro Nacional”.
“No caben dudas que los organismos públicos deben rendir cuentas de los recursos que reciben, porque se trata de recursos propios del Tesoro de la Nación. Por tal razón, es necesario auditarlos para garantizar la transparencia en el uso de esos recursos destinados a la educación superior”, expresó Blanco en la presentación judicial para tener acceso a la información. Por último, y bajo la pregunta ¿Por qué la UBA no quiere ser auditada? expresa argumentos similares a los vertidos por el presidente Javier Milei: “Con el pretexto de proteger la educación libre, gratuita y masiva, rechaza dar cuenta del destino de los fondos públicos recibidos y la observancia en su aplicación de las reglas contables, financieras y fiscales”.

La disputa entre el Gobierno Nacional y las universidades nacionales, en particular la Universidad de Buenos Aires, ha escalado a un nivel judicial significativo. La UBA sostuvo ante los tribunales que la intervención de la Sindicatura General de la Nación en sus auditorías es “inconstitucional” y atenta contra la autonomía y autarquía de la institución. Por esa razón, el rector, junto con su equipo legal, presentaron una demanda que busca detener la injerencia de la SIGEN, calificándola de una violación al principio de separación de poderes. La casa de altos estudios sostiene que la decisión del Poder Ejecutivo de permitir que el organismo estatal audite sus cuentas representa un ataque a su autonomía, algo que, según la universidad, está protegido por la Constitución y la Ley de Educación Superior.

Gelpi argumentó que, a pesar de las afirmaciones de falta de transparencia en la gestión de recursos, la UBA ha implementado un robusto sistema de control interno que cumple con las normativas vigentes. La universidad recordó un dictamen de Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema, quien en 2004 subrayó que las universidades no son organismos del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no deberían estar sujetas a su control directo. El Procurador del Tesoro de la Nación argumenta lo contrario, y por esa razón también recurrió, junto al Síndico General de la Nación, a los estrados judiciales. Ahora serán los magistrados quienes deberán dirimir la cuestión de fondo. Mientras esto sucede, hay universidades nacionales que aceptaron ser auditadas y le abrieron las puertas y los archivos con las rendiciones a los peritos y contadores de la SIGEN.

Fuente: telam