>Sobre el escritorio de la jueza federal María Servini está el futuro del PJ Nacional. Lo que decida la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N1°, con competencia electoral, será lo que marque el destino de una parte importante de la discusión interna del peronismo.

Según marca la ley de partidos políticos (23.298) en su artículo 32, la junta electoral partidaria es la que debe impartir justicia en el proceso electoral interno, mientras que la justicia electoral de primera instancia -en este caso Servini- oficia como cámara de apelación, motivo por el que la decisión que tome es inapelable. Por eso, lo que Quintela planteó en el escrito que le envío a Servini sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema si rechaza su planteo, fue solo una expresión de deseo.

El gobernador de La Rioja pidió que se le apruebe su lista para competir pero, al mismo tiempo, solicitó postergar la elección. Pidió la suspensión de los comicios pautados para el domingo 17 de noviembre. El argumento es que la junta electoral manipuló sus avales, que fue parcial en su accionar y que no preparó el proceso electoral con el tiempo debido, con el fin de evitar suspicacias y asegurar un proceso transparente.

Todos los dirigentes de la Junta Electoral del PJ coincidieron en marcar que había una gran cantidad de irregularidades en la lista del Gobernador, a la que le faltaban fotocopias de DNI adjuntadas, firmas y nombres, además de avales que fueron observados por no quedar en claro su veracidad. A algunos de los intregrantes lo que más les llamó la atención fue que no hayan presentado la lista con avales sobrados y sin faltantes, teniendo en cuenta que se trataba de una candidatura que iba a enfrentar a la de CFK.