Un funcionario explicó que se trata de solo una parte de los más de 560 sospechosos remitidos a los tribunales tras una investigación gubernamental de varios meses. El fiscal general presentó cargos contra unas 300 personas vinculadas a facciones armadas afiliadas al ejército y contra unas 265 pertenecientes a grupos paramilitares de la era Assad

La ola de sangre se desencadenó cuando grupos armados afines a Assad emboscaron a fuerzas del nuevo gobierno. La contraofensiva posterior derivó en ataques de venganza contra comunidades alauitas de la costa —minoría a la que pertenece el ex dictador—, dejando cientos de muertos.

Pese a ello, la comisión oficial no halló pruebas de que el gobierno interino hubiera ordenado ataques contra civiles alauitas. La ONU, sin embargo, llegó a conclusiones más severas y determinó en agosto que la violencia cometida por facciones vinculadas al nuevo gobierno y por grupos leales a Assad fue “generalizada y sistemática”. El organismo documentó que, durante los allanamientos, se les preguntaba a los civiles “si eran sunitas o alauitas”, y que luego hombres y menores alauitas eran apartados y asesinados.