Según la decisión, la Procuraduría, como parte demandante, deberá asumir el costo y la entrega de las traducciones oficiales en un plazo de diez días hábiles.

La Procuraduría demandó al Fondo Rotatorio de la Cancillería, a la Imprenta Nacional y a la Casa de la Moneda de Portugal, solicitando la nulidad del convenio y la suspensión de los pagos de la Cancillería a la entidad portuguesa. El despacho del magistrado José Élver Muñoz admitió la demanda el 20 de octubre de 2025 y notificó a las partes el 29 de octubre.

Por ello, solicitó que la notificación se realizara mediante un trámite internacional, con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y la traducción de la demanda. El Tribunal aceptó este argumento y ordenó que la notificación se efectúe mediante carta rogatoria, lo que, según el propio Tribunal, puede demorar varios meses y permitiría que el Ejecutivo avance en la implementación del nuevo modelo de pasaportes antes de que finalice el actual mandato presidencial.

El Fondo argumentó que esta situación rompe el equilibrio procesal y solicitó que se designe un procurador ad-hoc externo o que la función sea asumida por la Defensoría del Pueblo. El Tribunal, aunque no aceptó este reclamo, corrigió un error de redacción en el auto inicial y ordenó que no se notifique al Ministerio Público, dado que la Procuraduría ya actúa como parte demandante, descartando así la necesidad de un procurador ad-hoc o de trasladar la función a la Defensoría.

Fuente: telam