El Gobierno volvió a buscar interés privado para invertir en una de las compañías de defensa más importantes del país. Se trata de Fabricaciones Militares que, si bien no está sujeta a privatización, el Ejecutivo ya había publicado en julio un concurso para sumar socios privados a la empresa que hoy maneja el Estado en su totalidad. El viernes, publicó en el Boletín Oficial una nueva lista de requisitos —más flexibles que la anterior— para atraer a empresas con menor capacidad financiera que las exigidas en el llamado original, una señal de que el proceso lanzado hace siete semanas no generó el interés esperado.

La modificación, publicada como Circular N° 02 del Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001, alteró tres condiciones del pliego original: extendió el plazo de presentación de ofertas hasta el 3 de noviembre, habilitó presentaciones por subcategoría en los Renglones N° 2 y N° 3 —antes solo se podía ofertar por el renglón completo— y flexibilizó los requisitos de capacidad económico-financiera para consorcios. La apertura de ofertas quedó fijada para el 4 de noviembre.

El proceso llegó en medio de un conflicto laboral abierto en la planta de Azul, provincia de Buenos Aires, donde la mitad de la plantilla lleva semanas dispensada de sus tareas.

El mecanismo central del proceso es la conformación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) entre Fabricaciones Militares y los adjudicatarios privados, que tomarían el control de la gestión, la producción y la comercialización de cada unidad de negocios.

El pliego establece que el operador privado deberá tener como mínimo el 51% de participación, sin fijar un techo, mientras que el Comité Ejecutivo de cada UTE tendría tres representantes del privado y dos del Estado, con la presidencia en manos del operador. El representante legal de la UTE también sería designado por el privado y no podría ser removido sin causa salvo por decisión unánime.

Los activos físicos —inmuebles, maquinaria, instalaciones— permanecerían en el patrimonio de Fabricaciones Militares. En tanto, el contrato modelo incluido en el pliego señala que "el presente contrato no confiere al contratista operador ni a la UT derecho de propiedad alguno sobre las unidades de negocios".

Los contratos tendrían una duración mínima de 10 años y máxima de 35 años -en el caso del plazo máximo, se extendería hasta 2061-. El pliego también fija una cláusula de salida onerosa: si el Estado quisiera recuperar anticipadamente el control por razones de defensa nacional o interés público, debería pagar la inversión no amortizada más un 10% adicional.

El pliego también habilita la participación de personas jurídicas constituidas en el exterior, lo que abre la posibilidad de que un operador extranjero controle la producción de municiones, pólvoras, explosivos y cañones. Los requisitos económicos son elevados aun con la flexibilización: patrimonios netos mínimos de entre USD 35 millones y USD 70 millones por renglón, y hasta USD 185 millones para quien quiera presentarse por los cuatro. A eso se suma la exigencia de 15 años de experiencia en unidades productivas similares y trayectoria en comercialización internacional de materiales controlados.

La planta que disparó la atención pública sobre este proceso es la Fábrica Militar Azul (Fanazul), en el partido de Azul, provincia de Buenos Aires. Fue cerrada en diciembre de 2017, sobre el final del primer año del gobierno de Mauricio Macri, con más de 200 trabajadores despedidos. Era —y sigue siendo— la única instalación en América Latina con capacidad para producir TNT.

La reapertura llegó en junio de 2023, con un acto encabezado por el entonces presidente Alberto Fernández, el ministro de Defensa Jorge Taiana y el jefe de Gabinete Agustín Rossi. El sustento productivo de esa reapertura era un contrato firmado en octubre de 2021 entre Fabricaciones Militares y EXSA, empresa peruana del grupo australiano Orica, por cinco años con opción a tres más: Fanazul proveería mastermix y nitroglicerina para las operaciones de EXSA en Perú y la región. El contrato, sin embargo, no llegó a completarse.

El 15 de mayo de 2024, la dirección de Fabricaciones Militares comunicó a la planta por correo electrónico que la producción de mastermix se detendría "por una semana" por razones técnicas. Ese mismo día, la sede central confirmó a los directivos de Fanazul que el contrato con EXSA-Orica "se había caído", según pudo confirmar esta cronista. La planta lleva sin actividad productiva desde entonces.

El 31 de julio de 2026, Fabricaciones Militares notificó por carta documento a 29 operarios —la mitad de la plantilla— que quedaban dispensados de prestar tareas por 30 días, con goce de sueldo. La notificación, firmada por el gerente de Capital Humano Ricardo Santoni, citó "estrictas razones de reorganización operativa" derivadas de "la inactividad de la Fábrica Militar Azul". En paralelo, la empresa ofreció retiros voluntarios en cuatro cuotas: para un operario con 10 años de antigüedad, la suma equivale a 16 millones de pesos.

Fabricaciones Militares tiene una historia de más de 80 años marcada por ciclos de expansión y desmantelamiento. Fue creada el 9 de octubre de 1941 mediante la Ley 12.709, bajo el impulso del general Manuel Savio, con el objetivo de garantizar la autonomía industrial del país en materia de defensa. En su apogeo operó fábricas de acero, productos químicos, fertilizantes, municiones y explosivos en varias provincias.

El primer intento de privatización llegó en diciembre de 1991, cuando la Ley 24.045 —sancionada durante la presidencia de Carlos Menem— declaró sujetas a privatización las fábricas de Azul, Fray Luis Beltrán, Río Tercero y Villa María. La privatización nunca se completó, pero la amenaza se extendió durante más de una década. Recién en 2015, la Ley 27.141 clausuró esa posibilidad al prohibir la privatización por decreto y asegurar el carácter estatal de las cinco unidades productivas.

El 31 de enero de 2019, ya sobre el final de su mandato, Mauricio Macri transformó la estructura jurídica de la entidad: la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) pasó a ser Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE) mediante el Decreto 104/2019. Para ese momento, la planta de personal había caído a 360 empleados, el nivel más bajo de su historia.

FM S.A.U. opera hoy cinco plantas industriales: la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (Santa Fe), la Fábrica Militar Río Tercero (Córdoba), la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María (Córdoba), la Fábrica Militar San José de Jáchal (San Juan) y Fanazul (Buenos Aires). Sus cuatro unidades de negocios son Seguridad y Defensa, Metalmecánica, Químicos, y Pólvoras y Explosivos.

El panorama productivo es dispar. Villa María, la más activa, operaba a fines de 2025 al 50% de su capacidad, según declaraciones de representantes gremiales. La planta de Jáchal fue desactivada. Fanazul está paralizada desde mayo de 2024. El pliego del CPU-2026-SC-001 apunta específicamente a las unidades de negocios de Villa María y Azul como los renglones centrales del concurso, aunque el proceso abarca la totalidad de las líneas productivas de la empresa.

Días después de que se publicara la circular modificatoria, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) difundió un informe en el que analiza el pliego y advierte que el esquema apunta a transferir el control operativo, comercial y productivo de las fábricas a manos privadas sin una declaración legislativa de privatización. El documento cuestiona que el mecanismo elegido —la conformación de UTEs con empresas privadas— permita ceder la gestión de las plantas sin pasar por el Congreso.

El argumento central es que la figura de la UTE elude la Ley 27.141, sancionada en 2015, que prohíbe privatizar las fábricas militares por decreto y exige una ley del Parlamento para hacerlo. Según el informe, "la cesión durante décadas de la gestión, la mayoría en los órganos de decisión, la representación legal, la producción y la comercialización implicaría una transferencia material del control", aunque el Estado conserve formalmente la titularidad de los inmuebles y las plantas.