El Ministerio de Defensa de Ecuador inició el proceso para separar de las Fuerzas Armadas al militar que aparece en un video tocando los senos de una mujer privada de libertad en una cárcel de Guayaquil, un caso que también es investigado por la Fiscalía y que provocó cambios en el dispositivo de seguridad del centro penitenciario.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que el uniformado involucrado en el primer video difundido públicamente será sometido al procedimiento administrativo correspondiente para su separación de la institución. El funcionario explicó que la actuación registrada en las imágenes contraviene los protocolos establecidos para las operaciones militares en centros penitenciarios femeninos.
"Ese militar va a ser separado de las Fuerzas Armadas", señaló Loffredo durante una entrevista concedida a Pública FM. El ministro indicó además que el personal militar masculino no debe mantener ese tipo de contacto con las mujeres privadas de libertad y reconoció que existió una falla en los controles dentro del establecimiento.
El episodio ocurrió en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 2, conocido como la cárcel de mujeres de Guayaquil. En el video que originó la denuncia se observa a un militar realizando tocamientos en los senos de una interna. La identidad del uniformado no ha sido divulgada oficialmente.
La decisión administrativa anunciada por Defensa no implica que haya concluido el procedimiento de separación ni determina una responsabilidad penal. Ese aspecto deberá ser establecido dentro de las investigaciones abiertas por las autoridades competentes.
El caso se hizo público después de que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) difundiera información sobre presuntos abusos contra internas. Posteriormente circularon imágenes que llevaron al Ejército ecuatoriano a anunciar una investigación interna y presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio de Defensa también adoptó medidas sobre la cadena de mando encargada de la seguridad del establecimiento. Loffredo informó que se dispuso el cambio del comandante responsable de la cárcel y que se incrementará la cantidad de mujeres militares destinadas al control del centro penitenciario.
Además, el personal recibirá reentrenamiento relacionado con derechos humanos y los protocolos que deben observarse durante las intervenciones en cárceles.
Las medidas fueron anunciadas después de que aparecieran nuevas denuncias. Un segundo video difundido posteriormente muestra otro episodio dentro del mismo centro penitenciario. En esas imágenes aparece una mujer privada de libertad frente a un hombre vestido con uniforme militar, armado y con el rostro cubierto. Ese material también fue puesto en conocimiento público por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Hasta el 24 de septiembre existen al menos dos denuncias relacionadas con los hechos ante la Fiscalía: una presentada por el Ejército y otra impulsada por el CDH. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron los episodios, identificar a los involucrados y establecer si existen responsabilidades penales.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que las denuncias podrían exceder los casos registrados en los videos. Colectivos que trabajan con población penitenciaria aseguran haber recibido previamente testimonios y alertas sobre presunto acoso y violencia sexual contra mujeres encarceladas. Siete organizaciones solicitaron una intervención de la Defensoría del Pueblo y pidieron una visita no anunciada a Guayas 2, entrevistas confidenciales con las internas y la revisión de los protocolos que regulan las actuaciones militares en cárceles femeninas.
La Defensoría informó que activó mecanismos institucionales frente a las denuncias y mantiene seguimiento sobre posibles vulneraciones de derechos. Las organizaciones también denunciaron que, después de la difusión de las primeras imágenes, militares habrían ingresado al establecimiento y utilizado gas lacrimógeno contra las internas. Esa acusación deberá ser verificada dentro de las investigaciones y no ha sido confirmada oficialmente como una represalia por la publicación del video.
Las Fuerzas Armadas mantienen presencia en las cárceles ecuatorianas desde que el Gobierno reforzó su participación en el sistema penitenciario en enero de 2024.
